Hace 73 años Perón hablaba en el Congreso de la Nación

MENSAJE AL INAUGURAR EL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO NACIONAL 

Juan Domingo Perón 

[26 de Junio de 1946]

Señores Senadores, Señores Diputados:
Este acto inaugural significa el retorno integral a la vida institucional del país. Volvernos a la normalidad institucional que todos anhelábamos para implantar con las fuerzas renovadas y renovadoras que me han ayu­dado, una era en la que la voluntad del pueblo, cuyos ideales ha definido tan claramente, determine el sentido futuro de la evolución legislativa que precisa el país, con objeto de encuadrar sus organismos e instituciones dentro de las tendencias, realidades y necesidades del momento presente.
Vamos a in­terpretar, cumplir y hacer cumplir la Constitución haciendo de ella esencia de nuestro propio ser. Si rompemos normas anquilosadas, si despreciamos corrup­telas, si emprendemos caminos hasta ahora ignotos, no será precisamente en desmedro de nuestra Carta Fundamental, sino por imperativo de un nuevo resurgir de sus sabios principios.
El paréntesis que representa el tiempo transcurrido desde la disolución del Parlamento, consecuencia del movimiento revolucionario del 4 de junio de 1943, habrá servido para que los hombres que por mandato también del pueblo ocupan este sagrado recinto, tanto los que me han seguido como los que me han combatido, inicien hoy, depurado su espíritu después de tanta lucha, el periodo normal legislativo con un solo ideal: el bien de la patria.
A unos y a otros como presidente de todos los argentinos, dirijo con mi salutación mis más fervientes votos para que el Altísimo nos ilumine y nos guíe en nuestra ardua tarea.
Señores Senadores,
Señores Diputados:
Dije no hace mucho en este mismo recinto que “el Poder Ejecutivo recababa para si la prioridad en las iniciativas legislativas para no dispersar esfuerzos en arbitrios fragmentarios que puedan entorpecer la consideración a fondo de problemas estrictamente vinculados entre si y cardinales para la economía de la Nación”.
Nos hallamos en el punto intermedio entre la exposición de doctrinas sus­tentadas con honradez y propaladas con pasión por todos los partidos que han ido noblemente a la lucha comicial y el momento de las realizaciones prácticas. El momento en que se pone a prueba el valor de los hombres y que se siente todo el peso de la responsabilidad. Es necesario, para que la labor sea fructífera, refrenar impulsos para evitar cambios bruscos en el imperio de la aplicación de la ley. El resultado será tanto mejor cuanto más firmes en la doctrina sepamos atemperarla a la evolución graduada que la aplicación de la mística de la revolución requiere para su eficacia.
Apelo al buen sentido del Honorable Congreso para que me preste ayuda en la consecución de un plan orgánico y práctico en la evolución legislativa.
Afortunadamente el país se halla en tiempos propicios. De vuestro saber y de las normas que establezca el Poder Ejecutivo depende que no se malogre el momento, que no se defrauden esperanzas.
En el orden interior nuestros extensos campos surcados por el arado; di­bujados por las filas inacabables de frutales y viñedos; o moteados de hacienda sobre la alfombra de sus ubérrimos pastos, rinden en abundancia, esperando sólo una mejor distribución de su riqueza potencial.
La industria y el comercio crecen y se perfeccionan, y si extirpando todo egoísmo, la suma de esfuerzos substituye la lucha de clases alcanzaremos el camino de la verdadera prosperidad.
Nuestras riquezas naturales, agua, bosques y minas no resisten su ocul­tación y aprovechamiento al esfuerzo de los técnicos y del Estado.
Las investigaciones científicas, las artes y las letras, retoñan y florecen de día en día, afianzando el prolifero patrimonio de nuestra civilización gre­colatina que nos fuera legada y de la que somos continuadores y esperanza de la sapiencia universal. .
En el orden exterior, nuestras exportaciones siguen el intenso ritmo que les impone su volumen. Naves nacionales y bajo pabellón extranjero, espar­cen el excedente de nuestra producción en América y en otros continentes.
En estos tiempos excepcionales ved al mundo entero puesta su esperanza con ansiedad en la Argentina; en su rica producción; en su proverbial gene­rosidad para que mitigue el hambre de tantos países que después de la trá­gica guerra se hallan en situación dantesca. Millones de seres esperan que la Argentina realice el sortilegio de mejorar su triste realidad.
La Argentina es para ellos lugar de promisión fuera de lo terrenal; le­gendario país de ensueño y abundancia. Hagamos que el nombre de nuestra patria quede para siempre consagrado y afiancemos nuestro prestigio ayu­dando en la medida de nuestra fuerza a quien nos necesite, pero hagámoslo sin jactancia ni snobismos y si ello representa sacrificios que jamás lo sean para nuestras masas indigentes; que nunca sea a costa del salario ni del pan de nadie. Que las bendiciones que por igual recibiremos todos los argentinos nos unan en el cumplimiento de nuestro deber, mutua comprensión y conde­na de toda egolatría y mezquindad.
La elocuencia y veracidad de las cifras abona cuanto he dicho. Reco­giendo los datos más importantes de las últimas investigaciones estadísticas, resulta que la situación del país es la siguiente:
1. La población excede de catorce millones y medio de habitantes.
2. La renta nacional alcanzó en 1945 a quince mil millones de pesos moneda nacional.
3. La ocupación excede de cinco millones de habitantes entre todas las actividades.
4. La producción en cereales, oleaginosas, frutas y hortalizas llegó en 1945, a más de quince millones de toneladas, correspondiendo nueve millones al consumo interno. En cultivos especiales: algodón, caña de azúcar, tabaco, yerba mate y uva, se cosecharon más de ocho millones de toneladas, casi todo destinado al consumo interno.
En carnes la producción alcanza a tres millones trescientos se­tenta y dos mil toneladas en peso vivo, correspondiendo al consumo interno la mayor parte, sesenta y nueve por ciento, y a la exporta­ción el treinta y uno por ciento.
5. El comercio exterior es favorable, la exportación excedió en 1945 de dos mil cuatrocientos ochenta millones, mientras que la importación cifraba mil ciento cincuenta millones dejando un saldo de más de mil trescientos treinta millones; a juzgar por las cifras registradas en lo que va del año actual, tanto la exportación como la importación se elevaron considerablemente. En este primer quinquenio de posguerra, se prevé que solamente para industrias y transportes, necesitaremos importar por más de mil millones anualmente.
Antes de entrar a detallar los planes legislativos del Poder Ejecutivo he de referirme a los cuerpos legislativos formados por los decretos leyes y de­cretos normativos dictados por el gobierno de facto, desde el 4 de junio de 1943 hasta mi asunción de la presidencia de la Nación.
El Poder Ejecutivo se halla en la tarea de estudiar, ordenar y adaptar dichos decretos, que serán enviados a vuestra honorabilidad, para que en el ejer­cicio de la facultad legislativa que os corresponde, el Honorable Congreso de­cida sobre la aprobación, modificación o derogación de los mismos.
Antes de seguir adelante y de entrar en la exposición del modo como el Poder Ejecutivo entren de que se debe orientar la política del gobierno reflejada en la legislación que se ha de interesar de vuestra honorabilidad, he de manifestar no ya el desagrado, ni mucho menos el enojo, sino simplemente la pe­na del gobierno al advertir la mala fe con que se quiere utilizar la situación financiera de la Nación con fines políticos.
Preténdese obstaculizar nuestra obra con comentarios tendenciosos que un día tras otro aparecen en las columnas de los periódicos. Recientemente se han formulado por miembros de vuestra honorabilidad unas peticiones de antecedentes sobre esta cuestión. Su derecho resulta indiscutible, y el examen del tema si se hace con imparcialidad y desapasionamiento habrá de resultar provechoso.
Para contribuir a esclarecer la situación, no tengo el mínimo inconvenien­te en declarar, que en el aspecto de las finanzas públicas, si la labor del gobierno de facto no fue todo lo eficaz que muchos deseábamos (y en cuyo logro puse no pocos de mis afanes), fue debido a diferencias de criterio que se suscitaron a través de sus tres años de actuación.
Posiblemente el designio de la Providencia me ha reservado la satisfacción de poder anunciar que en virtud de las medidas de gobierno ya adoptadas, se encuentra próximo el momento en que por primera vez el país no deberá al extranjero ni un solo centavo, con lo cual se cumplirá la afirmación hecha rei­teradamente en el sentido de que la República logrará la aspiración nacional de ser económicamente libre y políticamente soberana, Sin exageración podemos asegurar que en la historia argentina se abre una nueva etapa en el momento mismo en que no exista deuda externa, y la deuda flotante o consolidada sea de carácter interno. Entonces las decisiones superiores de sus gobernan­tes no podrán estar influidas por cuestiones foráneas.
Aspiramos a realizar el funcionamiento armónico de un Estado pobre dentro de una Nación rica, en contraposición con la situación anterior que era la de un Estado rico en una Nación pobre. Y es tal vez un aspecto interesante que para la eliminación de la deuda exterior aspiramos a que no sean aumen­tados los impuestos. Conseguido esto, podremos proclamar bien fuerte -y es ésa la satisfacción a que antes me he referido- que la Argentina dejará de ser una colonia en el aspecto económico.
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El respeto a la Constitución y el acatamiento a la voluntad de las provin­cias han quedado evidenciados en el primer cacto de carácter político realizado por mi gobierno, al devolver a la provincia de Santa Fe la plenitud de su autonomía.
El problema del régimen municipal aplicable a la ciudad de Buenos Aires es uno de los que más preocupación han producido al Poder Ejecutivo y es propósito del mismo encararlo seriamente para ver si es posible llegar a una solución duradera dentro de la órbita de los preceptos constitucionales.
Al asumir el mando el gobierno actual, se encontraba disuelto el Conce­jo Deliberante desde el año 1941. Hubiese sido un camino factible restablecer en materia municipal el régimen legal anterior a dicho año, convocando a elec­ciones para instaurar el pleno funcionamiento de la rama, deliberativa. Mas tal solución habría dificultado el estudio del problema. Y es ésa la razón de que el Poder Ejecutivo haya preferido mantener el estado actual del asunto, pro­metiendo que en un plazo prudencial traerá al Congreso el oportuno proyecto de ley. La carencia de un padrón municipal puesto al día, ha sido causa que se añada a la anterior para justificar el mantenimiento del actual estado de hecho. Igualmente, la depuración de los padrones municipales del interior, permitirá devolver a las comunas la integridad de sus derechos políticos.
En la organización del Estado moderno se ha demostrado por la experiencia del desarrollo de la ciencia estadística, la utilidad y necesidad de que el; país se conozca a sí mismo. Saber cuántos somos y quiénes somos es indispen­sable para el estudio y cálculo de toda posibilidad nacional en cualquier ren­glón de los múltiples que se hallan comprendidos en las obligaciones del Estado. Por ello mi gobierno ha decidido que las tareas estadísticas y censales se complementen con un registro nacional de las personas, con jurisdicción en todo el país.
Las viejas corruptelas políticas habían logrado incorporarse a la práctica de la mayoría de los partidos en su acción anterior a la revolución del 4 de junio.
El país entero reclamaba medidas purificadoras que colocaran a los partidos políticos a cubierto de la justificada desconfianza popular.
El Estatuto de los Partidos Políticos, tuvo ese sano y patriótico propósito; si lo ha logrado o no, queda librado al elevado criterio de vuestra honorabilidad que deberá considerarlo para asegurar un régimen que, respetando las convicciones democráticas de nuestro pueblo, sea a la vez, un ejemplo de corrección y honestidad cívicas.
Los territorios nacionales han de merecer especial atención de los poderes públicos, por la extensión de su población y por la riqueza que han creado merced al trabajo de sus habitantes. Para ello serán sometidos a la consideración de vuestra honorabilidad los correspondientes planes de obras públicas, ins­trucción, higiene y asistencia social, al mismo tiempo que se acelera el proceso previsto y no cumplido en la ley orgánica de territorios, hasta llegar paulatina­mente a la autonomía política de aquellas porciones del suelo argentino que deben formar parte del ejercicio pleno de nuestro sistema constitucional. Per­feccionamiento del Poder Ejecutivo local, régimen municipal y legislaturas, son las tres etapas que han de cumplirse previamente a la provincialización.
La creciente intervención de la mujer en las actividades sociales, econó­micas, culturales y de toda índole, la han acreditado para ocupar un lugar des­tacado en la acción cívica y política del país. La incorporación de la mujer a nuestra actividad política, con todos los derechos que hoy sólo se reconocen a los varones, será un indiscutible factor de perfeccionamiento de las costumbres cívicas. Oportunamente tendré el honor de elevar a la consideración de vues­tra honorabilidad, un proyecto de ley estableciendo el voto y demás derechos políticos para la mujer.
Carecemos de los edificios indispensables para ampliar el sistema sanita­rio. Mientras la población ha crecido en proporción geométrica, los estableci­mientos médicos y sus posibilidades han crecido sólo en proporción aritmética. Disponernos de 64.000 camas en todo el territorio, pero, de acuerdo con nuestra población, necesitamos 122.000.
De nada sirve tener grandes médicos y especialistas, si los beneficios de su ciencia no pueden llegar al pueblo por intermedio de organizaciones ade­cuadas.
No hay exceso de médicos. Una mala distribución -determinada por fac­tores geográficos y económicos- conduce a la concentración de profesionales en los centros urbanos. Por eso sobran médicos en la Capital y faltan en las provincias y territorios, donde diariamente se expiden certificados de ciuda­danos muertos sin atención profesional.
El Estado debe afrontar la asistencia médica integral en beneficio de aquellos que ganan menos. Será conveniente semisocializar la medicina respe­tando el libre ejercicio de la profesión y la libre elección del médico por el enfermo y fomentar, por otra parte, para las clases pudientes, el desarrollo del régimen asistencial privado. Para el desarrollo del sistema, es conveniente con­tar con el apoyo popular y de los vecindarios, siempre dispuestos a ofrecer su colaboración humanitaria.
Las ideas fundamentales que inspirarán la actuación del Poder Ejecutivo en materia de justicia, han sido expuestas recientemente ante vuestra honora­bilidad. El respeto al orden jurídico y al Poder Judicial no son incompatibles con la legislación que el gobierno promoverá para agilizar la actuación de los tribunales. Habrá de asegurarse también; mediante principios legales basados en razonables fundamentos objetivos, que los magistrados a quienes se ha encomendado la augusta función de juzgar, reúnan la plena idoneidad moral, física e intelectual que exige tan delicada tarea. Y esas medidas habrán de ex­tenderse también a los funcionarios auxiliares de la magistratura, estructuran­do el cuerpo de secretarios judiciales y el de oficiales de justicia y subalternos, dotándoles del grado de jerarquía que a cada cual corresponda, pero sujetán­dolos también a la máxima responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
Otros proyectos tendrán que ir encaminados a la reforma de los procedi­mientos civil y comercial, así como también de la justicia de paz letrada. En materia de procedimiento penal, la justicia federal y ordinaria de la Capital se encuentran a la zaga de la moderna técnica, que aconseja el juicio oral ante la justicia de derecho como con tanto éxito se realiza ya en algunas provincias.
Los tribunales del trabajo creados hace poco tiempo, no obstante advertirse su necesidad desde muy antiguo, y que en el poco tiempo que llevan de actuación han probado toda su eficacia en provecho de las clases trabajadoras, habrán de ser debidamente ensalzados, y sin perjuicio de la especialización de su jueces, tendrán que entrar plenamente a formar parte del Poder Judicial. Ocioso es decir que también será indispensable extender a todo el país el fun­cionamiento del fuero del trabajo, limitado hasta la fecha a la Capital Federal, Es absolutamente indispensable terminar en materia de litigios con esos procedimientos interminables que dilatan la resolución de las contiendas por espacio no ya de meses, sino de años.
El Estatuto Orgánico del Notariado, fundado en nuestra tradicional orga­nización y basado en nuestras costumbres, con ingreso al Registro Público me­diante pruebas de competencia e idoneidad que no otorga la simple obtención del título de escribano y un colegio notarial con severas atribuciones disciplinarias bajo la fiscalización del Poder .Judicial, debe dignificar y elevar la fun­ción de los guardadores de la fe pública y terminar con hechos bochornosos muy recientes que sólo han podido cometerse por falta de legislación ade­cuada.
La preocupación de cultura es tradicional en la Argentina y ha sido el afán de combatir el analfabetismo mediante una sólida y difundida enseñanza primaria, lo que principalmente, ha hecho grande la figura de Sarmiento. La piedra fundamental fue buena y por eso, a través de los años, lo único que ha habido que hacer ha sido una labor de perfeccionamiento y de adaptación de la enseñanza a las necesidades de los tiempos modernos. Con esa única finalidad mi gobierno ha mantenido la intervención del Consejo Nacional de Educación decretada por el gobierno anterior, hasta tanto se revisen las normas que hoy rigen y se le dé la ordenanza adecuada.
La enseñanza secundaria debe contemplar de modo muy especial todos aquellos conocimientos de sentido práctico que contribuyen a la formación profesional, desarrollando en gran escala las prácticas en huertas y granjas experimentales, y en talleres de todas clases dotados de elementos modernos. Urge que la enseñanza se encamine a formar obreros eficientes en todas las especialidades.
Pero posiblemente el problema de mayor trascendencia en materia do­cente es el universitario, respecto al cual y pese a todo lo que se diga, hay que tener el valor de señalar que es poco democrático. El hecho de que una institu­ción sea autónoma o autárquica no implica necesariamente que sea democrática porque son términos que no guardan relación. Como tampoco el carácter democrático se adquiere por la circunstancia de que la institución elija sus propias autoridades, pues si la elección se hace por y entre un círculo cerrado o entre una clase determinada, el sistema, lejos de ser democrático, resultará aristocrático, plutocrático, teocrático y en términos generales oligárquico.
El pueblo que gobernándose a sí mismo, constituye una democracia, ha de comprender a la totalidad de los ciudadanos; concepto incompatible con toda división. Así puede suceder lo que, con relación a la universidad, ha su­cedido: que pese a su autonomía y al derecho de elegir a sus autoridades ha demostrado su absoluta separación del pueblo y el más completo desconocimiento de sus necesidades y de sus aspiraciones. El divorcio entre autoridad y pueblo ha sido indudable y ha quedado probado en los comicios del 24 de febrero.
La incomprensión señalada tiene su origen en dos circunstancias. Es una la falta de acceso de las clases humildes a los estudios superiores universita­rios. Para entrar en la segunda enseñanza y en las facultades se necesita un mínimo de bienestar económico, y ello a su vez, por dos razones: porque los estudios son relativamente costosos y porque las familias modestas necesitan incrementar sus ingresos utilizando el trabajo de los menores apenas han lle­gado a la edad de los catorce años. Sobre este particular conviene salir al paso de, una idea muy difundida, muy equivocada y muy peligrosa para el de­bido enjuiciamiento del problema. Se dice que la universidad argentina tiene carácter popular porque muchos estudiantes, posiblemente un crecido porcen­taje, proceden de familias de origen modesto; pero se olvida que se trata de familias que si bien originariamente eran pobres, lograron por sus es­fuerzos o por circunstancias propicias, que antes se daban frecuentemente, levantar una fortuna más o menos grande. Y el resultado es que siempre los estudiantes (salvo contadas excepciones confirmatorias de la regla), son hijos de familias que desenvuelven su vida dentro de un ambiente cuando menos de pequeña burguesía. Trabajadores manuales o hijos de trabajadores manuales no llegan a las universidades, ni siquiera a la enseñanza secundaria.
Y es la segunda causa de oposición entre la universidad y el pueblo que una gran mayoría de los profesores, por razones de formación o de edad (tam­bién frecuentemente de posición económica), responden a un sentido reaccio­nario “que a veces trata de disfrazarse de avanzado”, y casi siempre conservan, con relación a cada momento presente el atraso correspondiente a la época en que iniciaron sus actividades docentes. Mientras tanto, el pueblo sigue marchando y defendiendo ideas nuevas. Si quienes gobiernan los centros de enseñanza no responden a ellos, no cabe decir que la institución sea democrática. A lo sumo se podrá decir que se gobierna a su misma, pero su gobierno será hostil al sentimiento mayoritario de la Nación. El rector o los consejeros que designe un Poder Ejecutivo libremente elegido por el pueblo responderán a la tendencia predominante, y en ese sentido será perfecta­mente democrático; en tanto que esas, mismas autoridades, aun elegidas por el propio claustro, pueden ser antidemocráticas, si la composición del claustro que los elige no representa el ideario de la masa ciudadana. Conozco bien la crítica a que se presta la tesis que defiendo, “pero tengo el convencimiento de que me asiste la razón y por eso repetidamente he dicho que hay que dejar de lado las formas puramente externas de las democracia, para sembrar las bases de una democracia sincera.
No quiero que mis palabras se interpreten como un propósito de destruir las autonomías universitarias. Francamente digo que mi política se orientará en ese sentido hasta el punto mismo en que no se oponga al sentimiento po­pular y a los intereses generales de la Nación.
Pero todavía la universidad argentina ofrece otra falla seria en el orden pedagógico y es la falta de dedicación del profesorado a la labor docente. La realidad es que el catedrático ni convive con el alumnado ni le sirve de guía u orientación; se limita, los días en que le corresponde dictar clase, si dar una conferencia que ni siquiera su audición es obligatoria para los estudiantes. El porcentaje de alumnos que concurren a la clase es, por su baja proporción, realmente vergonzoso, lo que por otra parte dice poco en favor de los profesores porque demuestra su falta de condiciones para dar interés a su disertación. En general, el profesor (médico, abogado, ingeniero, etcé­tera), dedica su actividad principal a aquellos trabajos particulares que le producen mejores rendimientos económicos, y sólo ofrece a la enseñanza sus residuos. Lo que los ingleses denominan full time debe ser la norma del profesorado universitario.
Por ello propugnaré ante vuestra honorabilidad una legislación universitaria que se asiente sobre estas bases:
a) Elección de las autoridades en tal forma que no representen un criterio de oposición con los anhelos populares;
b) Incompatibilidad de la cátedra con otras actividades, salvo los casos excepcionales de profesores extraordinarios de reputación reconocida;
e) Retribución adecuada para la dedicación total de los profesores a la enseñanza;
d) Selección escrupulosa del profesorado universitario mediante concurso oposición con pruebas públicas;
e) Obligatoriedad de asistencia a clase de los estudiantes regulares;
f) Gratuidad de la enseñanza universitaria;
g) Derecho de todo estudiante que haya obtenido un promedio elevado de calificación en la primera enseñanza para ingresar a la segunda;
h) Derecho de todo estudiante que haya obtenido un promedio ele­vado de calificación en la segunda enseñanza, para cursar estudios superiores;
i) Prohibición de ingreso en las enseñanzas superiores a quienes no hayan obtenido en la segunda enseñanza el promedio de ca­lificación que se fije;
j) Creación del número suficiente de becas de segunda enseñanza y universitarias para aquellos estudiantes pobres que se encuentren en las condiciones determinadas en los incisos g) y h) . Las becas habrán de bastar para costear las necesidades del becado y para resarcir en todo o en parte a la familia del perjuicio de la falta de trabajo retribuido del estudiante;
k) El sostenimiento de las becas no debe recaer exclusivamente sobre el Estado, sino que debe ser compartido por determinadas entidades, instituciones y empresas poderosas, y no con carácter voluntario, sino compulsivamente y a título de contribución.
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En cuanto a las relaciones de la Argentina con todas las demás naciones, nada tengo que añadir a lo manifestado en el mensaje leído ante vuestra ho­norabilidad con ocasión del juramento prestado al asumir el mando. Política de paz y de cumplimiento de los compromisos internacionales. Pero, como tengo el firme propósito de que todas mis palabras se conviertan en realida­des, habré de someter a la consideración del Honorable Congreso los tratados internacionales celebrados, para que sea el Poder Legislativo de la Nación quien determine, no sólo si se ajustan o no a los preceptos constitucionales, sino también si son convenientes a los intereses argentinos y merecedores por ello de ratificación.
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La labor que desarrolla y continuará realizando el ejército se fundamenta en un plan orgánico, de instrucción y de cultura profesional de sus cuadros que responde a la necesidad de satisfacer la suprema exigencia de la defensa del patrimonio de la Nación.
El instrumento que ha forjado la revolución para asegurar el mejor go­bierno, administración y preparación de la fuerza armada, lo constituye el decreto ley orgánica del ejército, puesta en práctica a partir del 19 de noviem­bre de 1944.
Sin entrar en mayores detalles, debe señalarse que el articulado de ese decreto asegura:
Una mejor utilización de los habitantes de la Nación en el moderno concepto de la organización del servicio de defensa nacional: la desaparición de odiosas e inmerecidas diferencias en el establecimiento de la contribución pa­triótica que constituye el servicio militar; la preparación de cuadros de re­serva calificados; un régimen de excepciones a las obligaciones militares; un reclutamiento del personal militar de carrera capacitado para el manejo de elementos modernos de lucha; acceso por rigurosa selección y aquilatamiento de la idoneidad y finalmente la eliminación de los que perdieron la voluntad de sacrificio o no supieron mantener la línea de conducta y perfeccionamiento constante que la institución exige.
En los años pasados, el ejército ha debido experimentar un brusco cre­cimiento por imperativo de la hora crucial que el mundo vivió, pero ahora que parece encaminarse hacia un clima de paz y concordia, se reducirá al mínimo indispensable el número del contingente de ciudadanos a incorporar anualmente, manteniendo bajo bandera los efectivos necesarios que imponga la defensa del país, en concordancia con su potencialidad y también para res­ponder a las exigencias de la defensa del continente americano, de acuerdo con las obligaciones que se derivan de los compromisos internacionales subs­critos o que subscriba el país. En el mejoramiento del material de guerra se seguirá atentamente la evolución del problema de standardización que la Junta Interamericana de Defensa, recomienda introducir en el continente.
Dada la importancia que representa la capacidad industrial para dotar al ejercito de elementos combativos, la Dirección General de Fabricaciones Militares continuará asegurando su normal desarrollo, creando al mismo tiem­po fuente de trabajo y de riquezas que se acrecentarán cuando el Honorable Congreso de la Nación sancione el plan siderúrgico que será sometido a su consideración.
Se dedicará especial atención al aspecto de la instrucción profesional del ejército y sus cuadros, mediante perfeccionamiento de los estudios que rea­lizan distintos institutos militares y el envío de oficiales al extranjero para que perfeccionen sus conocimientos.
El año militar terminará con ejercicios finales y grandes maniobras donde la tropa se ejercitará con la dureza de la vida militar y los cuadros de mando se familiarizarán con las condiciones más aproximadas a las fatigas físicas e intelectuales que la guerra impone.
Las construcciones militares serán intensificadas para asegurar el mejor índice sanitario de la tropa, principalmente en las regiones donde la dureza del clima lo exige en forma imperativa.
Se ha procurado establecer unidades en regiones donde ello representa la consecución de un fin de orden social y económico, imponiéndose en mu­chos casos la construcción de barrios militares para oficiales y suboficiales que se irán completando en el futuro.
Es firme propósito del Poder Ejecutivo afianzar cada día más la disciplina del ejército, mediante el libre juego de las prescripciones legales y reglamen­tarias que rigen sus actividades, e intensificar la autoridad y atribuciones del comando y la dedicación absoluta de los miembros del ejército a la función específica a la institución evitando toda injerencia extraña.
Finalmente, no puedo terminar la referencia a los propósitos relaciona­dos con el ramo de guerra sin referirme al acto de justicia que me propongo realizar; sometiendo a vuestra honorabilidad la modificación del artículo 29 de la ley 8.871 en cuanto excluye del padrón electoral a los cabos y sargentos del ejército, de la armada y de la policía. En cualquier supuesto, la demo­cracia manifestada electoralmente constituye un atributo de soberanía y debe ser ejercida por todos los ciudadanos libres, ya que la disciplina militar no es contraria a la libertad de pensamiento, ni a la libertad política y religiosa de sus componentes que son entraña del pueblo y les afectan los problemas generales de las naciones lo mismo que a todos sus compatriotas. La mejor prueba está en que hace pocos meses, una nación de Europa ha hecho sufragar a los soldados que se encontraban sometidos a la férrea disciplina militar en los países de ocupación.
La marina cumplirá fielmente los objetivos fundamentales trazados por nuestra política naval que consiste y ha consistido siempre en el desarrollo y protección de les intereses argentinos en el mar. La grandeza de la Repú­blica se halla íntimamente vinculada a la importancia del intercambio co­mercial y éste vive y prospera en gran parte gracias a las actividades marí­timas. De ahí que la doble misión de desarrollar y proteger nuestros intereses marítimos, define claramente los dos grandes objetivos de la armada: el fo­mento de nuestra flota mercante y el mantenimiento de una marina de guerra suficientemente preparada para proveer la defensa marítima del país.
La constitución de la flota mercante ha podido salvar últimamente la situación creada por la falta de bodegas. El Poder Ejecutivo prestará prefe­rente y señalada atención a los problemas que merecen y afectan a nuestra joven y ya tan prestigiosa flota mercante.
En la preparación de los planes para la renovación de las unidades navales y aeronavales que deben ser eliminadas, es necesario un compás de espera a causa del periodo que vivimos de rápida evolución en el diseño y empleo del nuevo material de guerra, pero por compromisos nacionales e internacionales derivados de la adhesión a la Carta de las Naciones Unidas, hemos de abordar esos problemas para contribuir en la medida de nuestras posibilidades al mantenimiento de la paz mundial. Mientras se completan los planes de reno­vación, el personal de la armada no deberá perder el contacto con el mar, razón por la cual las fuerzas navales y aeronavales mantendrán su ritmo ha­bitual con el fin de poseer tripulaciones bien adiestradas y con experiencia, que irán amoldándose a nuevos planes de instrucción y adiestramiento exigidos por las modalidades de la guerra naval de estos tiempos. Serán sometidos a la consideración de vuestra honorabilidad los decretos leyes orgánicos para el personal de la marina de guerra y oportunamente se os propondrán las modificaciones que la práctica sugiera, El actual sistema de reclutamiento sólo requiere reajuste de detalles, dado que la experiencia ha demostrado la bondad del método para la formación de sus dotaciones.
Se contribuirá en la medida de las posibilidades al mantenimiento de institutos y laboratorios y fomento de la investigación científica y la forma­ción de profesionales útiles para la marina, como ya se ha hecho en Ingeniería Naval, Explosivos, Metalografía y Radiocomunicaciones. Será intensificada la acción de la división Obra Social, organismo creado para propender al bien­estar moral y material del personal y su familia. Se encararán dentro de la estructura orgánica de la marina de guerra, los problemas relacionados con la logística y la forma de coordinarlos con la economía general de la Nación. Se ampliarán las instalaciones de nuestras bases navales y aeronavales, en la medida necesaria, conforme lo requiera la conducción de las operaciones militares, estudiándose el desarrollo de las bases navales mediante planes relacionados con los principios sustentados por el órgano de la Unión Panameri­cana encargada de lo estudios relativos a la defensa continental.
La orientación orgánica de este departamento tendera a precisar cada vez más el reconocimiento de los dos grandes grupos constitutivos de su or­ganización: el primero de ellos, de carácter netamente naval-militar, agrupará las fuerzas encargadas de la defensa nacional; el segundo, de carácter civil marítimo, comprenderá a aquellos organismos que, como la Prefectura Gene­ral Marítima y la Dirección Nacional de la Marina Mercante, tienen injeren­cia en el desenvolvimiento de las actividades relacionadas con la navegación y comercio a través del mar.
La administración de los servicios seguirá inspirándose en las normas que constituyen una de las tradiciones de la marina. Consciente del esfuerzo y sa­crificio que demanda al país el mantenimiento de esta rama de la defensa nacional, no se omitirá esfuerzo alguno para asegurar el fiel, estricto y severo cumplimiento de las disposiciones legales y de carácter circunstancial que se impartan para su sostenimiento y evolución.
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El decreto 268, del 4 de enero de 1945, creando la Secretaria de Aeronáu­tica, dota al Poder Ejecutivo de un organismo ágil y eficiente para gobernar y orientar la actividad aeronáutica en sus aspectos más diversos. La actividad militar de la aeronáutica no podría tal vez subsistir si no se estableciese una coordinación entre sus exigencias y las posibilidades aeronáuticas civiles del país y la explotación de las comunicaciones por aire en el orden nacional e internacional, armonizando la iniciativa particular y el patrocinio del Estado cuando sea conveniente.
La orientación del gobierno sobre los distintos, problemas aeronáuticos ha sido fijada en forma general pero precisa y completa en el decreto 9. 358 del 27 de abril de 1945, y el cumplimiento de aquellos propósitos que han tenido principio de ejecución será totalmente satisfecho a medida que lo permitan los recursos económicos que vuestra honorabilidad atribuya para el cumplimiento de los planes preparados, entre los que asumen especial importancia el destinado a construcciones.
Es fundamental obra de gobierno dotar al país de comunicaciones efi­cientes que vinculen las regiones diversas de la patria y que posibiliten el intercambio de sus riquezas y de sus hombres. Sin embargo, para que las comunicaciones por aire, cuya eficacia es innegable para el cumplimiento de aquellos propósitos, puedan efectivamente desarrollarse, es necesario ejecutar un vasto plan de construcción de aeródromos en toda la República.
Tiene también la aeronáutica un papel preponderante en la defensa na­cional. En la permanente superación de los medios de combate, la aviación se ha consagrado como uno de los más activos y enérgicos en la pasada confla­gración mundial y su desarrollo orgánico múltiple y, especializado, con carac­terísticas técnicas particulares, le han dado jerarquía de fuerza fundamental en el cuadro general de las fuerzas armadas del Estado.
Por eso es que es necesario atender las señaladas características en cuan­to a su personal se refiere, por medio de una ley orgánica que, a la par de contemplar las particularidades del servicio de la oficialidad del aire, actualice la situación de los componentes de sus cuadros, conforme a las caracterís­ticas de las misiones que impone la guerra aérea.
Con ello habrá correspondido a vuestra honorabilidad el alto prestigio de contribuir a la debida organización de las instituciones armadas de la patria, unidad indestructible de las fuerzas del aire, la tierra y el mar, en su misión sagrada de defender su soberanía y contemplando a su vez su fisonomía es­pecial determinada por el medio de su actuación y el riesgo de sus funciones.
Quedan así expresados los propósitos del Poder Ejecutivo sobre este as­pecto de la actividad nacional, tanto en el orden civil, como en el militar y con ello mi convencimiento sobre su importancia, que espero vuestra honorabili­dad ha de compartir, prestándole en toda hora el apoyo que merece a los pro­yectos que han de presentarse sobre materia aeronáutica.
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Dentro de la concepción del Estado moderno ya nadie cree que la riqueza y potencia de un país estén representadas por su stock de oro o sus depósitos.
La riqueza de un país depende de su potencial humano con su grado de or­ganización, su espíritu de iniciativa y su trabajo; de la extensión y fertilidad de su suelo; de su producción y reserva de materias primas y energía; de sus plantas industriales; de su tecnicismo y del desarrollo de su investigación téc­nico científica; de su red vial y elementos de transportes que faciliten la distribución fácil y el comercio sano y honesto; de una buena organización de crédito y finanzas que dé agilidad al sistema; y, finalmente, de la armonía y solidaridad social.
Dentro del grupo de ideas expuestas y. teniendo presente el grado de im­portancia de cada punto mencionado, la economía nacional debe basarse en que el Estado controle los fundamentos de aquélla, quedando a la iniciativa privada, a veces en colaboración o forma mixta con el Estado, o exclusiva­mente por su cuenta, el desarrollo de la producción y la manufactura de los artículos.
La economía en definitiva alcanza el extenso ciclo que parte de la pro­ducción hasta el consumo. Debe preocuparse de obtener no sólo lo necesario para atender las necesidades del momento, sino también para que, constitu­yendo las reservas prudentes de cada rama, esté asegurada la atención de las necesidades del futuro sin alterar el normal desenvolvimiento de la vida del país. Por ello, mi preocupación desde el momento que fui llevado a la difícil función de gobierno fue el estudio de los problemas sociales tan íntimamente ligados a la economía y de los que dimanan de ésta, centralizando la prepara­ción de la labor en el Consejo Nacional de Posguerra que elaboró las bases de estudios que a grandes rasgos debo exponer a vuestra honorabilidad como futuro desarrollo de la obra de mi gobierno en el orden económico. .
En primer lugar y como elemento básico, porque él constituye la Nación, hemos de contemplar el elemento humano. Fomentar y proteger en todos sus aspectos a la familia como célula básica de la sociedad, no olvidando que so­mos un país poco habitado en relación a su gran extensión y que se nos presenta el problema, sin resolver aún, de encauzar la inmigración, intensificándola lo más posible con elementos sanos y afines a nuestra cultura y a las bases de nuestra estructura social. No escapa tampoco a los planes del gobierno la elevación del nivel moral y material del elemento indígena. La denatalidad debe ser preocupación de mi gobierno, que ha de tomar cuantas medidas tiendan a que el aumento vegetativo de la población sea el que le corresponde.
No hace mucho días tuve ocasión, en un momento solemne, de exponer en este mismo lugar que la tierra no es un bien de renta sino un bien de trabajo. Consecuente con esta afirmación se están preparando los medios para facilitar la propiedad de las tierras para aquellos que las trabajan venciendo los peli­gros que acechan al pequeño propietario o al que desea serlo, como son: la dificultad de reunir el dinero, el alto precio de los campos, los créditos inadecua­dos, el peligro de pérdida de la propiedad por mala cosecha o precios bajos. Es preciso, al igual que se hizo en Estados Unidos, estabilizar el control de pre­cios y de terrenos arables, para procurar precios justos al agricultor, tanto ad­quirir en propiedad como para arrendar a bajo precio, cuyo plan se completa con la concesión de préstamos a bajo interés.
Es necesario establecer también un programa de fomento rural elevando el standard de vida de esa población, coordinando sus actividades mediante el mutualismo y la cooperación y complementando sus tareas con pequeñas industrias apropiadas. Una amplia organización de cooperativas de productores en forma federada con el fin de proceder en colaboración con el Estado, asegu­rará la colocación en el mercado de los productos obtenidos.
Es también necesario un plan general en base a principios de carácter téc­nico, económico y social para orientar la producción agropecuaria, consideran­do especialmente la repoblación forestal, el racional aprovechamiento de los bosques y el fomento de la producción de materias primas que sean industria­lizables en el país.
Debe intensificarse la instalación y difusión de laboratorios técnicos, en lo posible, adjuntos a los principales centros mutualistas o cooperativas para que, en colaboración y bajo la supervisión de organismos del Estado, procedan a realizar investigaciones técnicas y facilitar a las cooperativas o particulares rurales orientaciones y consejos apropiados.
Pero eso no es todo; hay que sistematizar normas y procedimientos para concentrar, almacenar, distribuir y absorber los excedentes; fomentar la elec­trificación rural; dotar al país de una ley de conservación de los suelos; pla­near y proceder a la colonización de regiones inexplotadas y establecer un régimen general de explotación de bosques.
En este renglón como en los demás que afectan a la economía de la Na­ción, no es mi propósito que la acción oficial limite la libre iniciativa indivi­dual ni la libre actuación del capital privado, si éste respeta la libertad de los demás y no trata de erigirse en instrumento de dominación económica.
He dicho también a vuestra honorabilidad y no, creo que nadie deje de compartir mi afirmación, que es necesario abordar la utilización de los recur­sos naturales que la Providencia nos ha prodigado, pero ante todo hemos de conocer cuál es la importancia de esa energía disponible. Un organismo espe­cífico del Estado debe inventariar los recursos energéticos para abordar el es­tudio de su utilización integral como cimiento de la estructura social s económica.
Estima el Poder Ejecutivo que el desenvolvimiento de nuestra economía está supeditado a la racional utilización de los recursos energéticos aun in­explotados y, en particular, de los hidráulicos, única fuente de energía que se renueva a sí misma y que de no ser utilizada se pierde para siempre. Agua, energía, defensa contra las inundaciones y regulación fluvial, con factores de riqueza y bienestar social, básicos para el arraigo de población, cultivos e in­dustrias en nuestro pródigo suelo. La premura por subsanar nuestra dependen­cia del exterior en orden al aprovechamiento de combustibles industriales, no debe relegar a plano secundario la vital necesidad de crear zonas de regadío, donde el factor climático lo aconseje, pues como nuestra historia demuestra, las obras de riego crean riqueza general, medida tanto en valores monetarios co­mo en imponderables sociales.
En atención a estas consideraciones, los aprovechamientos hidráulicos de­ben ser encarados no sólo con un criterio que enfoque íntegra y simultánea­mente las distintas necesidades a cuya satisfacción pueden contribuir según un racional orden de prioridad, sino también en orgánica correlación con la pro­pulsión integral del desenvolvimiento económico de cada región del país, con el fin de evitar la improductividad a que se han visto condenadas costosas obras públicas por haberse omitido adoptar, con visión de conjunto y previsión adecuada, las medidas necesarias para el empleo más racional del agua y de la energía habilitada por dichas obras.
La utilización de nuestro potencial hidroeléctrico es elemento básico del plan nacional de electrificación cuya elaboración se ha encarado y a cuya revisión y complemento oportunamente se abocará el Poder Ejecutivo. En la financiación del mismo deberá contemplarse la necesidad de no recargar in­debidamente el precio de los combustibles de producción nacional o importa­dos, por la sensible incidencia del mismo en el costo de la vida. Reviste aná­loga importancia la articulación práctica de la política de federalización de los servicios de electricidad, condicionada en los hechos a la solución' de los pro­blemas de orden jurisdiccional que aquélla plantea. En este orden ele ideas me­rece destacarse la conveniencia do adoptar medidas tendientes a concretar, en beneficio de los populosos alrededores de la Capital Federal, el concepto del gran Buenos Aires. En el marco definido por las orientaciones precedentes y las soluciones que se arbitren a las cuestiones aludidas, adoptará el Poder Ejecutivo las medidas que estime pertinentes en relación a los servicios eléctri­cos de la Capital Federal, el estudio de cuyos aspectos técnico económicos, so­bre la base de las investigaciones dispuestas por decreto 4.910 de fecha agos­to 6 de 1943, ha sido iniciada a los efectos y por los organismos previstos por el decreto 15.945 del 1º de junio actual.
Tradicional y dogmáticamente, nuestra política económica descansó en la convicción de que el Estado debía rehuir toda participación en el ejercicio de actividades industriales. La experiencia ha demostrado, sin embargo, la impo­sibilidad de que economías jóvenes y vigorosas como la nuestra, aguarden pacientemente a que la iniciativa privada alcance la debida madurez o que, sin adoptar adecuados resguardos, se le confíen actividades o riquezas vincu­ladas a soberanos intereses. Al evidente progreso de la eficiencia del Estado como gestor industrial debe sumarse el progresivo incremento del ahorro na­cional y de la calidad e iniciativa de nuestros empresarios; ni aquél ni éstos son, en la actualidad, tan modestos como inveteradamente se creía.
Si esta madurez en las posibilidades se completa con un sentido de equi­librio en las realizaciones, no sólo podremos ver satisfecha nuestra añeja aspiración de, recabar, para nosotros mismos, el pleno comando sobre los resortes de nuestro desenvolvimiento económico, sino lograrlo sin caer en enfermizas exageraciones ni dislocar el delicado mecanismo de las relaciones económicas.
La argentinización de nuestra economía, que constituye un fin en sí misma requiere la ayuda máxima que pueda proporcionar tanto el principio de la empresa privada como el principio de la organización colectiva; tanto la libre iniciativa individual como la capacidad organizadora del propio Estado. Debe evitarse la recíproca neutralización de ambos principios y debemos esforzar­nos para conseguir que en el marco definido por la estructura y psicología de nuestro medio rindan su máximo potencial, a cuyo fin resulta imperativo buscar con realismo soluciones flexibles y descartar excluyentes dogmatismos.
Con claridad que disipe toda duda al respecto dejo constancia de que la sensibilidad argentina, predispuesta a toda leal cooperación con capitales y técnicos: extranjeros, ve con sinsabor que en su propia casa subsisten islotes cerrados al ahorro nacional y al técnico argentino. Por lo mismo que abrimos nuestras puertas a todas las colaboraciones, no estamos dispuestos a consentir que empresas foráneas sólo entreabran la puerta de servicio a la colaboración argentina, sin dar pruebas de efectivo arraigo ni de verdadero respeto a nuestra soberanía.
En el caso particular de las empresas de servicios públicos la general adhesión a la política de recuperación, incluso de los adversarios de ampliar el dominio y funciones del listado, es neto exponente de un sincero sentimiento de plenitud nacional que a nadie puede herir ni sorprender. Durante la substan­ciación de ese proceso de recuperación y mientras el mismo se consuma, habrá que someter tanto los contratos existentes como las actividades de aquellas empresas, a una depuración, ordenamiento y contralor que, además de garan­tizar beneficios concretos a la población y evitar utilidades desmedidas, facilite el acceso en plano de igualdad, cuando no de predominio, a hombres e intereses argentinos y asegure, además, la defensa de los altos intereses del Estado.
En los estudios realizados en el Consejo Nacional de Posguerra, quedó sentado que la industrialización representa:
a) Independencia económica;
b) Independencia política;
c) Equilibrio económico;
d) Intensificación del trabajo;
e) Mejor formación profesional;
f) Mejores retribuciones.
Por lo tanto, para ostentar con orgullo el estado de mayoría de edad que representa la industrialización de un país, debemos proteger y fomentar la industria sana y útil, base de trabajo, de, producción y escuela de prácticos y técnicos; facilitar el desarrollo de las actividades productivas industriales y co­merciales ; implantar una clasificación adecuada procurando la centralización del control, con el establecimiento de institutos nacionales de investigación para cada rama específica, sistematizando el estudio de los problemas que se presen­tan para resolverlos de manera rápida y práctica; fomentar el establecimiento de industrias protegiendo especialmente él las que elaboren materias primas nacionales; fomentar industrias locales en zonas áridas y semidesiertas; coor­dinar la producción industrial entre sí y con un vasto plan de obras públicas; sistematizar los cálculos de los costos; aligerar las cargas fiscales en las em­presas que se inician, recargando los impuestos cuando se hayan consolidado.
Preferente atención han de merecer los problemas relacionados con el tra­bajo y con la previsión. Ni puedo ni quiero olvidar que fueron mis inquietudes sociales las que me impulsaron a desviarme de mi trayectoria militar para intervenir activamente en la política de mi país. Como tampoco de mi mente se borrará jamás el recuerdo de que fueron aquellas inquietudes las que supo valorar el pueblo y las que le impulsaron a elevarme a la presidencia de la Nación. Por eso deseo afirmar ante el Honorable Congreso, cuyos miembros constituyen la legítima representación de la ciudadanía argentina, que se equi­vocan cuando no pequen de malicia, quienes andan propalando la posibilidad de un retroceso en materia de política obrera. Ni retroceso ni estancamiento. El avance en la legislación social ha de constituir a través de los años que dure mi presidencia, una de las normas fundamentales de la política gubernamental.
Pero la actividad de gobierno más interesante que se pueda realizar en estos momentos y con respecto a la legislación de trabajo, es la de sistema­tizar, ordenar, pulir y mejorar cuantas disposiciones rigen en la materia, dando a todas ellas un sentido armónico y haciendo que formen (ya que no un código porque eso ofrece ciertas dificultades en materia de trabajo), un cuerpo de doctrina principalmente encaminado a estabilizar las conquistas logradas por los trabajadores. A esa finalidad primordial habrán de encaminarse los esfuerzos del Poder Ejecutivo, que oportunamente presentará al Honorable Congreso el proyecto de ley que estime necesario. Claro es que al realizarse esta labor de sistematización y de estabilización de derechos, habrá que perfeccionar algunos puntos débiles y aun abordar problemas de verdadera importancia, a los que en ocasiones anteriores me he referido.
El mundo atraviesa momentos difíciles y todos los argentinos, por senti­miento patriótico, han de esforzarse en mantener el nivel de producción que se necesita entre otras razones para combatir la carestía de la vida. Los obreros saben bien que el poder público no sólo no le es hostil, sino que se preocupa de sus derechos, las actividades violentas o de rebeldía a nada conducen porque sus reivindicaciones quedan mejor y más rápidamente atendidas por las vías de la legalidad. La idea que inspira mis conceptos, podría resumirse en estas pa­labras: disciplina en el trabajo, pero disciplina en ambas partes; respeto del empleado a los derechos del empleador y respeto también del empleador hacia los derechos del empleado.
Si además de esa norma encaminada a resolver los conflictos de derechos se intensifica la celebración de contratos colectivos de condiciones de trabajo, como medio de solucionar los conflictos de intereses, y se imponen ya concilia­ción y el arbitraje obligatorios, se habrá dado un gran paso para mantener la buena relación entre las partes.
En una alocución reciente dirigida a la opinión pública he expuesto mi criterio en cuanto a la política de salarios. Puedo añadir ahora que ella tiene un doble objetivo. La retribución ha de ser suficiente para cubrir el nivel de vida de los trabajadores, entendiéndose por nivel de vida el conjunto de bienes consumidos y servicios utilizados efectivamente por el grupo familiar de que se trate, y por otra parte se ha de tender a elevar ese nivel de vida hasta ha­cerle alcanzar un standard decoroso. Es posible que algunos piensen que el primer objetivo de los dos enunciados no tiene sentido; pero fácilmente saldrán de su error si consideran que conforme a la última estadística elaborada por el Consejo Nacional de Posguerra, corroboradora de otras anteriores realizadas por el Departamento Nacional del Trabajo, la familia obrera no sólo tiene un nivel de vida bajísimo, sino que carece de ingresos para cubrirlos y ha de liquidar mensualmente el presupuesto con un elevado déficit. A evitar esa si­tuación ha ido encaminada la política de salarios que he defendido, procurando siempre conseguir que los salarios se hayan elevado en igual proporción que el costo de la vida. Respondiendo a esta idea he pedido a los industriales y co­merciantes el abaratamiento de los precios, dándoles un plazo de sesenta días, de los cuales ya van algunos corridos; pero he anunciado también que si este medio persuasivo no diese resultado, al vencer el término, iría a la congelación de precios y a la elevación de las retribuciones en un porcentaje equivalente.
Otro tema de interés que habrá de ser tenido en cuenta cuando se pro­ceda a la regulación definitiva de las normas del trabajo, es el referente a la duración del mismo. Sobre este particular no cabe otra cosa que seguir la co­rriente universal. Ni sería posible que la duración del trabajo en la Argentina fuese superior a la del resto de las naciones, ni tampoco conviene que sea inferior porque eso repercute en la competencia de producción, tanto para el mercado interno como para el externo. Deseo con esto señalar que si ahora la jornada que predomina (fuera de la correspondiente a los trabajos nocturnos o insalubres) es de ocho horas, ésa habrá de ser la nuestra; pero si, como ya se apunta en muchas partes, se redujese la duración diaria o semanal del tra­bajo en otras naciones, basándose tal medida en conceptos científicos y eco­nómicos, esa misma norma habremos de adoptar en beneficio de los trabaja­dores y en provecho de la producción.
Tampoco cabría hablar de problemas de trabajo sin hacer una alusión a las aspiraciones del gobierno en materia de previsión social. Dentro del cri­terio imperante en la República Argentina, es mucho lo que se ha hecho sobre estas cuestiones. En él periodo de tres años se ha extendido enormemente el campo de aplicación de las cajas jubilatorias y se ha realizado algo tan im­portante como la creación del Instituto Nacional de Previsión. De todos modos el camino a recorrer es largo y no podrá decirse que se han llenado las nece­sidades de la colectividad mientras no se encuentren los trabajadores a cu­bierto de todos aquellos riesgos que atentan contra las posibilidades de trabajo y que no son sólo la vejez, la invalidez, la maternidad, la enfermedad o los accidentes. La enfermedad no profesional y la desocupación involuntaria han de merecer especial consideración del poder público. La envergadura del asunto impide la fijación de plazos para su desarrollo. El interés del Poder Ejecutivo sobre estas cuestiones y la capacidad de los organismos técnicos que puedan colaborar en su estudio e implantación, constituyen garantía suficien­te de que han de ser abordadas y de que en el plazo más breve posible la ar­gentina estará, en punto a previsión social, a la misma altura que los países más adelantados en la materia.
Finalmente, y en relación con las necesidades de las clases modestas, se ha de resolver con criterio justo y eficaz el problema no ya grave, sino pavo­roso de la vivienda. No sólo la capacidad de habitación de las grandes ciuda­des es notoriamente insuficiente y repercute en el elevado costo de los alqui­leres, sino que la población vive en forma absolutamente inadmisible. El hacinamiento y la promiscuidad ofrecen caracteres alarmantes, con influencia perniciosa en el aspecto sanitario y en el aspecto ético. Naturalmente que la solución no puede recaer integralmente sobre el Estado, sino que requiere otra serie de colaboraciones y de arbitrios principalmente encaminados al aumento de capacidad de habitación. El simple juego de la oferta y la deman­da, procurando que aquélla sea superior a ésta, ha de resolver gran parte del problema, por lo cual me atrevo a decir que no se puede proceder con un cri­terio unilateral, sino con sentimiento multiforme.
Se debe fomentar la edificación de viviendas de todas clases, lo que no ha de ser difícil porque la propiedad inmobiliaria es considerada como la in­versión de dinero más segura. Uno de los medios de fomento, que siempre ha dado resultado, ha sido la reducción o la exención de impuestos por un nú­mero de años a quienes edifiquen en determinadas zonas y con ciertas condi­ciones.
Otro punto de interés, con vistas ya a la vivienda popular, sería la promulgaciónn de una ley que autorizase al Poder Ejecutivo y a los gobiernos provinciales no solo a prohibir el arrendamiento de viviendas que no reúnan las condiciones necesarias de capacidad y de higiene sino a imponer multas y conceder plazos para que los propietarios realicen las refacciones necesarias con la conminación de que transcurrido el plazo las llevará a cabo el Estado por cuenta del propietario. La aplicación de esta norma se tiene que realizar con la necesaria cautela a fin de evitar que queden en la calle, sin lugar donde instalarse, las familias que vivan en las casas objeto de refección.
Se ha de promulgar también una ley que obligue a todos los propietarios de explotaciones industriales, agrícolas, forestales o pecuarias, situadas a más de determinada distancia de un núcleo urbano, a proporcionar vivienda en las condiciones previamente determinadas a todos los trabajadores. Claro es­ que esta norma se ha de referir a las explotaciones con suficiente capacidad económica.
Coordinar la actuación de la Administración Nacional de la Vivienda con el Banco Hipotecario Nacional y las diversas cajas de jubilaciones que inte­gran el Instituto Nacional de Previsión, a fin de que como medio de inversión de reservas tracen planes de préstamos para la construcción de barriadas de casas baratas, es otro de los objetivos que han de ser alcanzados; así como también el fomento del préstamo para la propiedad horizontal entre determi­nadas clases de trabajadores. Aun cuando esta forma de propiedad es resistida en la Argentina, tiene grandes ventajas y en todas partes se desarrolla con absoluta normalidad, sobre todo si los beneficiarios se constituyen en coope­rativa. En tal sentido se impone la modificación del artículo 2.617 del Código Civil.
Fomentar, dentro de las normas legales y ordenanzas municipales, la construcción directa y personal de las viviendas de los obreros. Esta modali­dad del trabajo familiar, puede ser encauzada y orientada por las autoridades competentes, poniendo gratuitamente a disposición de los interesados, planos y consejos técnicos que las hagan más higiénicas y estéticas.
El gobierno, preocupado por dar soluciones razonables y permanentes que faciliten a las clases modestas la adquisición de tierras para trabajar y de viviendas limpias para vivir, ha comenzado por modificar el régimen fi­nanciero de las operaciones hipotecarias. Ha retirado de la circulación la cé­dula del 4 %, y ha emitido un nuevo papel, del 2 ½ %, de valor efectivo, porque se rescata a la par, y con todas las garantías que tenía la cédula más la del propio Banco Central. De este modo, el capital que se recoja para hacer préstamos hipotecarios, costará más barato y los préstamos podrán hacerse a un interés menor. En lo sucesivo, el Banco Central proporcionará al Banco Hipotecario Nacional y a otras instituciones, los fondos que necesiten para hacer préstamos hipotecarios, cobrándoles por este servicio solamente el 2,80 % de interés. Cuando las instituciones hipotecarias hagan préstamos destinados a comprar con facilidades la tierra del colono o la vivienda del obrero y del empleado modesto, podrán otorgarlos con intereses sumamente bajos que no signifiquen, como las tasas actuales, una pesada carga sobre los esca­sos rendimientos del trabajo humilde. Esto permitirá cumplir un amplio plan de colonizaciones sobre tierra propia y una vasta obra de construcción de vi­viendas. No tardará en sentirse, según espero, el estímulo que estas medidas han de significar. Ellas ayudarán eficazmente a resolver dos problemas vita­les: uno, que hace a la estructura de nuestra economía rural y que consiste en el alto rédito que nuestro hombre de campo debe pagar para comprar su tierra a plazos; otro, de no menos urgencia, que consiste en la inoperancia de las facilidades concedidas hasta ahora a las clases modestas de nuestra población para adquirir una vivienda. El caso del colono requerirá soluciones espe­ciales, que contemplen incluso la posibilidad de que la tierra sea pagada con una parte de su producción y también contemple planes anuales elásticos que, en los años de malas cosechas, no lo fuercen a la liquidación ruinosa de sus escasos bienes. Por otra parte, la intensificación de las construcciones produ­cirá un efecto tonificarte sobre las numerosas industrias nacionales que tra­bajan para la edificación. Interesa fundamentalmente mantener al país en el alto grado de actividad en que hoy se halla y la posibilidad de acrecentar las construcciones en todo tiempo, constituye un medio seguro para prevenir cualquier amago de desocupación con que el futuro pueda enfrentarnos. La defensa de nuestra economía, que tanto depende de la defensa de la mano de obra argentina y del mantenimiento de los ingresos de la clase trabajadora, encontrará, en estas reformas, instrumentos adecuados para su seguridad.
En cuanto a la producción, debe intensificarse lo más posible, y estable­cer reservas y distribuir, especialmente en lo que se refiere a productos agrícolas y ganaderos que son la base de la alimentación del país y del mun­do. En lo que a nosotros se refiere no hemos de consentir la destrucción de los sobrantes, implantada por una economía egoísta y antihumana que permitía que mientras en regiones del país o de otros ámbitos del mundo se padecía necesidad o se moría de hambre, se destruyeran productos alimenticios bá­sicos cuya distribución tantas vidas podría salvar. Querernos libertad de pro­ducción, estimulándola para abastecer abundantemente las necesidades del país. No basta producir con el fin de lucrar o hacer dinero; debe producirse para elevar el consumo nacional y llevar los excedentes, aunque sea a precios módicos o sin beneficio, al exterior para poner los productos al alcance de las grandes masas de población que carecen de ellos.
Si el problema de nuestras reservas ganaderas y la producción agrícola no causa inquietud, en cambio debemos preocuparnos de nuestras reservas de materias primas y de la elevación de los elementos o bienes de trabajo, no sólo procurando aumentar la capacidad técnica del país, sino también des­arrollando, como se ha dicho, la explotación de la energía y materias primas, formando depósitos prudenciales y tratando de crear industrias con máquinas útiles y manufactureras.
Si bien en lo que se refiere a la producción del país en general está en buenas condiciones, no puede decirse lo mismo en cuanto al precio o los precios que se pretenden cobrar o se cobran por los productos ofrecidos a la venta.
Siendo la producción muy superior a nuestro consumo normal de productos agropecuarios y abundante en muchos artículos manufacturados, la cuestión de precios deberá resolverse combatiendo la especulación y controlando los mínimos.
Es necesario también regular el comercio libre con precios y recargos normalizados, transporte económico con elementos de origen nacional, des­arrollo de las vías fluviales con transporte económico; fomento de la flota mercante fluvial, marítima y aérea y ampliar y extender las redes camine­ras y ferroviarias en forma estratégica para la economía nacional, de tal manera que las vías de comunicación constituyan un todo orgánico relacio­nado con las zonas productoras y las necesidades del consumo.
La mayoría de la población del mundo padece de Infra consumo. En la Argentina también se registra este hecho, especialmente en lo que se refiere a alimentos y vestidos y aun más en vivienda y esparcimiento. Las causas son la falta de capacidad de compra, la poca productividad y la dispersión geográfica, acentuándose el Infra consumo en ciertas zonas del interior. En el plan orgánico que se está elaborando debe combatirse esta situación elevando el consumo nacional en cantidad, calidad y variedad de artículos.
La colocación de los excedentes de nuestra producción se facilitaría con una flota nacional suficiente para el transporte de la mayor parte de nuestros productos. Mucho se ha conseguido con la creación de la Flota Nacional, pe­ro muy largo es todavía el camino que debe recorrerse. El gobierno tomará cuantas medidas puedan tender a que nuestro tráfico al exterior se realice en naves nacionales.
Debe revisarse el régimen aduanero atemperándolo a las nuevas normas de protección del trabajo nacional, es decir, en función de la cantidad de mano de obra ocupada, salarios altos y el consumo de materias primas na­cionales. Debe abordarse la posibilidad de una unión aduanera de países de Sud América que facilite el intercambio con naciones hermanas.
En orden a las realizaciones concretas, habrá que modificar la ley 12.591, para hacerla más eficaz en estos difíciles momentos y agilizar el trámite de fijación de precios y la ejemplaridad de sus sanciones; se estudiará el pro­blema de los negocios minoristas a fin de que el interés general se sobrepon­ga a la libertad no controlada de comerciar y de evitar competencias ruino­sas; se reestructurará la ley antitrust o de monopolios; se abordará el proble­ma de los vinos en la ley correspondiente, lo mismo en lo que se refiere a las plantaciones de vid que a la intensificación de las bodegas; se estudiará la conveniencia de una ley que rija la industria y el comercio del tabaco, pro­tegiendo a los productores y pequeños comerciantes; asimismo, se estudiará una legislación de yerba mate para equilibrar las economías regionales.
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La acción propulsora de obras públicas ha llegado a las regiones más apartadas del país -sin descuidar los grandes centros urbanos-, contribu­yendo, con los trabajos públicos a la solución de diversos problemas de carácter social y económico. La parte social ha sido encarada llevando trabajo a las regiones que lo reclamaban y haciendo más cómoda e higiénica la vida de las poblaciones humildes; con las obras de producción de aguas, con la construcción de viviendas económicas, de escuelas, hospitales, asilos, colonias de vacaciones, hoteles, etcétera. La parte económica se ha atendido propen­diendo al mayor desarrollo del comercio y de las industrias, mediante la cons­trucción de obras camineras, ferroviarias, de riego, líneas de transporte flu­vial, construcción de elevadores de granos, con la construcción de usinas hidroeléctricas, etcétera; y encarando con gran aliento obras de tal enverga­dura como las del Aeropuerto Nacional, sistematización de la ribera del río de la Plata, dársenas para hidroaviones y yates; y puente internacional, que une nuestra nación con el Brasil, todas en concordancia con la jerarquía que le corresponde hoy a nuestro país en el concierto de las naciones.
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Antes de cerrar este mensaje, deseo que la opinión pública en general y' los intereses económicos en particular, sepan que el Poder Ejecutivo no tiene el propósito de efectuar bruscas ni fundamentales alteraciones en las normas básicas que rigen nuestra economía y que, por lo tanto, cualquier reforma que se proyecte introducir en los sistemas actuales, será objeto del estudio que corresponda a la naturaleza de tales medidas, de una publicidad que permita la discusión pública de esas iniciativas y el trámite normal a que constitucionalmente deba someterse cualquier modificación a nuestro régi­men legal.
Señores Senadores,
Señores Diputados:
El mensaje que he leído a vuestra honorabilidad ha llegado a su térmi­no, y sentiría haber fatigado con exceso vuestra atención, pese a que en algu­nos puntos me he limitado al mero enunciado de los planes que animan al Poder Ejecutivo. En lo que a los mismos se refiere, doy por sabido que han de existir opiniones no coincidentes. Pero sí quisiera que todas ellas estuviesen conformes en la interpretación de los buenos propósitos que me animan. Por eso me concreto a solicitar que en la discusión de los proyectos se procede con serenidad, con intención de mejorarlos, apartando la vista de los hombres para ponerla en las ideas, en los hechos y, sobre todo, en la prosperidad y en la grandeza de esta patria tan amada. Los parlamentos que proceden en esa forma se hacen acreedores a la pública gratitud, mientras que los que ac­túan en forma distinta se apartan de la consideración colectiva. Estoy cierto de que el Congreso que hoy inicia sus tareas habrá de realizar una labor fe­cunda que sirva de ejemplo a la generación presente y a las venideras.
JUAN DOMINGO PERÓN